El conflicto de clases mundial

VICENÇ NAVARRO

Uno de los argumentos más utilizados en círculos progresistas para explicar la pobreza en el mundo ha sido el que presenta la pobreza de los países mal llamados pobres como resultado de la explotación que sufren por parte de los países ricos. Las poblaciones de los primeros están siendo explotadas por las poblaciones de los segundos. En tal argumento, se considera que el mayor conflicto en el mundo es el existente hoy entre los países del Norte (ricos) y los del Sur (pobres).

Tal postura olvida, sin embargo, que tanto en los países del Norte como en los del Sur hay clases sociales que tienen intereses distintos e incluso contrapuestos. Ignorar esta realidad conduce a una interpretación errónea de la situación en el mundo. Por ejemplo, el golpe militar del general Pinochet en Chile se interpretó, en amplios sectores de la comunidad progresista internacional, como la imposición de una dictadura militar a Chile por parte de EEUU con el fin de evitar la existencia de un Gobierno de izquierdas (que incluía al Partido Comunista) que podía caer en la órbita de la Unión Soviética, adversaria de EEUU.

El problema con esta explicación es que no se corresponde con lo que en realidad ocurrió en aquel país. Yo estaba en Chile durante aquella época. Tuve el enorme privilegio de asesorar al Gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende, y pude ver de primera mano lo que estaba pasando en aquel país. Los que realizaron y apoyaron el golpe militar fueron, todos ellos, chilenos. La burguesía chilena, la banca chilena, los terratenientes chilenos, la patronal chilena, la Iglesia chilena, los colegios profesionales chilenos y el Ejército chileno, todos ellos componentes de la clase dominante chilena. Se opusieron al Gobierno de Allende porque sus reformas estaban afectando a sus intereses y privilegios.

Por otra parte, quien apoyó el golpe militar no fue Estados Unidos. Muchos pensadores progresistas olvidan con excesiva frecuencia que EEUU no es un país de 302 millones de “imperialistas”. Conozco bien EEUU (donde he vivido más de 40 años) y hay que ser conscientes de que en aquel país hay clases sociales que están en conflicto. Hay una lucha de clases (además de razas) de enorme intensidad y crueldad (la esperanza de vida de un trabajador no cualificado es menor que la de una persona de la clase media alta en Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo). No fue EEUU, sino el Gobierno de Richard Nixon, quien apoyó activamente el golpe militar, en un momento, por cierto, en el que el presidente Nixon no podía visitar barrios obreros por su enorme impopularidad (acababa de enviar el Ejército a Appalachia, la cuenca minera de EEUU, paralizada por una huelga que había afectado la distribución de la energía en todo el este del país).

Tiene que entenderse, pues, que una cosa es el Gobierno de un país, y otra cosa es la población que vive en él. No puede asumirse automáticamente que el Gobierno representa los intereses o los deseos de la mayoría de la población. En EEUU, el 68% de la población no cree, por ejemplo, que el Congreso de EEUU o el Gobierno federal de EEUU represente sus intereses. Cree que representa los intereses del mundo empresarial –llamado Corporate Class (CBS, 05-06-08)–.

Cuando la Administración Nixon apoyó el golpe militar en Chile, la mayoría de la ciudadanía no creyó que Nixon representara sus intereses. Esta distinción entre Gobierno y población, sin embargo, raramente se hace en los medios. Así, en otro momento histórico, los medios internacionales hablaron de que “España apoyaba a EEUU en su invasión a Irak”. Esto se escribía en el mismo momento en que millones de españoles estaban en la calle manifestándose en contra de la decisión del Gobierno de José María Aznar de apoyar la invasión en aquel país por parte del ejército estadounidense y a la vez que las encuestas señalaban que la mayoría de la población española se oponía a tal invasión.

Esta falta de distinción entre Gobierno y deseo popular no ocurre al azar. Es parte de un proyecto de intentar legitimar los sistemas llamados democráticos, presentándolos como portavoces del sentir popular, aún cuando, en gran número de sistemas democráticos, el porcentaje de la población que ha votado al partido gobernante no es la mayoría de la población. Este es el caso de EEUU. No puede asumirse, por lo tanto, que lo que hace y decide el Gobierno federal es lo que la mayoría de la ciudadanía estadounidense desea.

Ahora bien, soy consciente del argumento de que la clase trabajadora de los países ricos se beneficia de las políticas exteriores de sus gobiernos. En EEUU, por ejemplo, la gasolina es relativamente barata, y ello parecería dar la razón a aquellas voces que hablan de la complicidad de las clases populares en aquella política exterior basada en la explotación de los recursos –como el petróleo– adquiridos por medios violentos y no democráticos en otros países. Pero tal argumento también ignora varios hechos importantes. Uno de ellos es que si a las clases populares de EEUU se les pregunta (como se ha hecho en encuestas) si preferirían desplazarse al trabajo utilizando transporte público o utilizando su propio coche, la gran mayoría prefiere lo primero sobre lo segundo. Pero el hecho de que no pueda utilizarlo es consecuencia de que la industria del automóvil, en alianza con la industria del petróleo, han destruido el transporte público, realidad claramente documentada (ver Howard Zinn, People’s History of the US). De ahí que el dominio de tales intereses económicos en el diseño de la política exterior e interior ha dañado enormemente los intereses de las clases populares, no sólo en los países del Sur, sino también en el Norte.

Lo que hemos estado viendo en los últimos 40 años es la alianza de las clases dominantes del Norte y del Sur en contra de los intereses de las clases populares del Sur y del Norte.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Casal

Alternativas al capitalismo

JOSÉ LUIS CENTELLA

La tozudez y contundencia de los datos demuestran la cruda realidad que sufre la mayoría de la población como consecuencia de la peor crisis del capitalismo en muchos años. En España, este otoño nos deja más de cuatro millones de parados, de los que 1,2 millones son de larga duración y con más de un millón de hogares en los que no entra ningún tipo de ingreso. Estas cifras contrastan con los cientos de millones de euros que el Gobierno del PSOE ha regalado, para tapar sus “agujeros”, a una banca que en plena crisis ha ganado más de 6.000 millones de euros mientras sigue negando prestamos a las familias y a las pymes.

En esta situación, nos encontramos con un Gobierno que presenta unos Presupuestos que no sólo no cambian el modelo de desarrollo que nos ha llevado al desastre, sino que son pactados con la derecha nacionalista renunciando a una salida de izquierdas a la crisis, porque el PSOE se niega a plantear medidas realmente progresistas en el terreno fiscal o aumentar significativamente las inversiones públicas.
Desde el Partido Comunista tenemos claro que quienes nos han llevado a esta situación de crisis –de forma muy especial el Partido Popular y sus políticas liberalizadoras, un modelo de desarrollo basado en el pelotazo urbanístico, la especulación financiera–, quienes se hacen valedores del sistema capitalista, no pueden sacarnos de una situación que ha provocado precisamente este sistema.

El neoliberalismo globalizado no tiene la voluntad de satisfacer las necesidades básicas de millones de seres humanos; el sistema capitalista no ha sabido o, mejor dicho, no ha querido resolver los problemas de la humanidad.
Por ello es necesario un cambio de modelo de desarrollo, un cambio de valores; en definitiva hace falta un cambio de sociedad. Por ello, desde el PCE, frente a la crisis del capitalismo planteamos propuestas que avancen hacia una sociedad socialista.
Hablar de construcción del socialismo en Europa en el año 2009 puede hoy parecer irreal, ilusorio, pero si pensamos lo que nos habría sucedido hace pocos años si planteamos la posibilidad de que un líder indígena gobernara Bolivia o que en la Latinoamérica llena de dictaduras militares y en pleno liberalismo salvaje se llevaran a cabo procesos claramente de anticapitalistas de poder popular, seguro que nos habrían tomado por locos.

La realidad es que hablar hoy de Socialismo, con mayúsculas y sin complejos, no sólo es posible, sino, sobre todo, empieza a ser creíble. Hablar hoy de una banca pública que ponga sus recursos al servicio de la comunidad, o plantear una planificación de la economía para evitar la rapiña que hemos sufrido en los últimos 15 años, hablar de recuperar un sector público potente que genere empleo sin buscar el pelotazo y que mejore y amplíe los servicios públicos, es simplemente plantear una salida a la crisis diferente a la que se plantea desde el PSOE, y radicalmente enfrentada con la que propone el PP, que es plantear directamente una salida de la crisis en la que los más débiles sean los beneficiados.

Una salida donde la palabra solidaridad cobre su verdadera dimensión, porque se basa en una justa distribución de la riqueza y plantea un modelo de sociedad en la que la justicia social sea el objetivo fundamental de la economía. Una salida que rechace un orden internacional basado en la sumisión de la mayoría de la población mundial a los intereses de unas multinacionales que provocan guerras para apropiarse del control de la energía o mantienen al continente africano sumido en guerras fratricidas, hambre y miseria para poder rapiñar sus materias primas.

Denunciamos la vergüenza que supone ver cómo resoluciones de las Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba por EEUU aprobadas por más del 90% de los países miembros son despreciadas. Que contemplan impasibles las agresiones de Israel contra el pueblo palestino, sometido durante décadas a una lenta limpieza étnica, o no obligan de una forma efectiva al Estado marroquí a cumplir la legalidad internacional y convocar el referéndum de autodeterminación para el Sahara Occidental.

Por eso los comunistas afrontamos este XVIII Congreso mirando hacia el futuro, implicándonos al máximo en la refundación de Izquierda Unida como referente de la izquierda anticapitalista y republicana. Pero, sobre todo, lo afrontamos con el objetivo de fortalecer una propuesta socialista para la España de inicios del siglo XXI. Lo hacemos en primer lugar situándonos en condiciones de dar a la lucha contra la crisis una dimensión transformadora y, en segundo lugar, dando la batalla ideológica frente al predominio de los valores del sistema capitalista. Ya que la primera derrota de la izquierda no ha sido la electoral, sino la que se desprende de la sustitución entre los trabajadores y trabajadoras de los valores de la solidaridad y lo colectivo por los del individualismo insolidario, haciendo del ser humano un consumidor en todos los ámbitos de la vida; el capitalismo más salvaje ha ganado una batalla.

Desde una cierta perspectiva histórica, la recuperación del PCE es una esperanza para quienes confían en que la recuperación de la izquierda en España es la única manera de evitar que la actual situación de crisis económica sea una excusa para dar una nueva vuelta de tuerca en la explotación de los más débiles, para eliminar derechos sociales y para aumentar los beneficios de unos pocos. Por eso, de este XVIII Congreso que celebramos, saldrá un PCE activo, visible con clara vocación de avanzar hacia el Socialismo y comprometidos con lo mejor de la tradición de unidad que nos enseñaron Pepe Díaz y Pasionaria.

José Luis Centella es secretario de Política Autonómica de IU y candidato a la Secretaría General del PCE.

Ilustración de Mikel Casal